En Tailandia, activistas y médicos buscan legalizar el aborto

Por: Sureeporn Hawanchamnankit

Activistas y médicos piden a las autoridades de Tailandia que legalicen el aborto para evitar las complicaciones médicas e incluso muertes provocadas por las interrupciones del embarazo en clínicas ilegales. "La sociedad ha evolucionado y, aunque muchos tailandeses consideran el aborto como un pecado (según las creencias budistas), piensan que si es necesario se puede realizar", afirma a Efe Supecha Baotip, fundadora de la ONG Tam-Tang ("Hacer el camino", en tailandés).

En 2010, la Policía tailandesa halló más de 2.000 fetos procedentes de abortos clandestinos sepultados en un templo budista en Bangkok y dos personas implicadas fueron condenadas a 20 años y 40 meses de cárcel. Este caso puso de relieve el problema de los abortos en clínicas irregulares, donde se cobra entre 200 y 1.000 euros por interrumpir el embarazo. Tras esta polémica, Supecha, que había tenido que abortar ilegalmente en dos ocasiones en el pasado, fundó Tam-Tang, que pide una ley del aborto que acabe con las ambigüedades legales que existen actualmente en torno a este asunto.

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En el Código Penal tailandés, el artículo 301 considera el aborto como un delito y castiga a la mujer que aborte con hasta tres años de cárcel. Sin embargo, el artículo 305 establece una excepción si el embarazo amenaza la vida o la salud de la madre o ha ocurrido en caso de violación. En la práctica, el Colegio de Médicos de Tailandia hace una interpretación amplia del artículo 305 y algunos hospitales y clínicas oficiales realizan abortos incluso si consideran que el embarazo ha causado "estrés mental" a la madre y no ha superado las 12 semanas. No obstante, Supecha afirma que aún hay mujeres que acuden a clínicas ilegales o se automedican para abortar, poniendo en peligro sus vidas.

Con el objetivo de lograr una completa y clara legalización, Tam-Tang y otros grupos elevaron este años dos instancias al Ejecutivo en las que pide legalizar la interrupción del embarazo, aunque todavía no han recibido una respuesta oficial. "Uno de los objetivos es informar a la sociedad sobre sus derechos", incide Supecha, cuya organización provee de asesoramiento y consejo a las personas que se planteen la interrupción del embarazo. Según la ONG, las mujeres con complicaciones por la ingesta de pastillas o tras acudir a clínicas ilegales son tratadas en muchos casos en hospitales públicos.

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En un coloquio celebrado a mediados de junio en Bangkok, un funcionario del Ministerio tailandés de Salud Pública, el doctor Bunyarit Sukrat, expresó su preocupación por el alto número de decesos de féminas durante procesos abortivos no regulados. Bunyarit señaló que, aunque uno se oponga al aborto, puede apoyar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo sin poner en peligro sus vidas. "El rechazo de las autoridades y la reprobación de la sociedad no ayudan a reducir las cifras de la realización de abortos, sino de los abortos seguros", indicó el facultativo.

En la mismo evento, Ronnakorn Bunmee, profesor de Derecho de la Universidad de Thammasat, reclamó cambios en la leyes sobre el aborto. "Estas leyes interfieren sobre la vida de la población", dijo el académico al posicionarse en favor de una mayor libertad de decisión de los individuos. Para Tam-Tang, una regularización clara conllevaría una mayor seguridad sanitaria para las pacientes y ayudaría a la "prevención de los embarazos no deseados".