Activistas latinoamericanas destacan la importancia de la educación para la lucha contra la mujer

Activistas latinoamericanas expertas en violencia contra las mujeres destacaron este lunes en Madrid la importancia de la educación para luchar contra este problema, que afecta de forma especialmente grave a la región. "Una mujer empoderada puede transformar primero su vida personal, segundo la de su grupo familiar y tercero la de otras mujeres y la de su comunidad", aseguró Ana Ruth Orellana, del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, que fue apoyada por otras actividas de Colombia, Paraguay, México y Perú.  

Las cinco representantes del continente con mayor índice de violencia machista debatieron sobre derechos humanos, pobreza o educación en una mesa redonda organizada por la ONG Manos Unidas con motivo de su 60 aniversario, bajo el lema "La mujer del siglo XXI: Ni independiente ni segura ni con voz". 

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"Desde comienzos de año, sólo en el estado de Veracruz (México) 33 mujeres han sido asesinadas", informó la mexicana Lisette Hernández, de la Asociación Civil Kalli Luz de México. En otros países las cifras son también alarmantes: 262 en El Salvador; cinco en Perú; 103.481 denuncias registradas por violencia en 2018 en México o un feminicidio cada siete días en Paraguay. Este último país sudamericano "no cuenta con un registro unificado de denuncias, lo que invisibiliza la problemática", según la paraguaya Mirta Lezcano (Organización Tatarendy).

Latinoamérica registró cerca de 15.000 asesinatos de mujeres en 2017, de los cuales 2.600 fueron tipificados como feminicidios, y la región alberga 14 de los 25 países con las tasas de feminicidios más altas del mundo, según ONU Mujeres. Los testimonios de las invitadas a la mesa redonda de hoy compartían un patrón similar: elevadas tasas de analfabetismo en poblaciones rurales o indígenas de escasos recursos económicos.

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Estas circunstancias generan dos tipos de violencia: la doméstica, por parte de padres, maridos e hijos, y la institucional, ejercida por los funcionarios públicos durante los trámites administrativos y que se agrava por el desconocimiento general de estas mujeres acerca de sus derechos. Incluso en países como Colombia, que ha ratificado todos los tratados de derechos humanos y han aprobado leyes contra la violencia física y sexual, no se aplican en la práctica y "esta situación convierte al Estado en un cómplice indirecto", subrayó Lezcano.

La violencia machista tampoco es exclusiva del ámbito rural. Como puntualizó Orellana, en El Salvador "han aparecido asesinadas periodistas y médicos. Además de económico y social, es un problema estructural", concluyó. Los cinco socios locales de Manos Unidas llevan a cabo proyectos centrados en proporcionar a la mujer autonomía económica a través de la formación y la educación.

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"Hasta que ellas mismas no son conscientes de sus derechos, el 'click' le llamamos, no alzan la voz e inician la transformación. No es necesario ir a la universidad para conocer su derecho a una vida sin violencia", relató la religiosa peruana Desiree Bozzeta.

La colombiana Diana Marcela Torres destacó la reciente labor que se está desarrollando con los exiliados venezolanos, a los que se proporciona alimentos, albergue y asistencia sanitaria. "Esta ola de migrantes no llega a zonas desarrolladas como la capital, lo que está generando una 'guerra entre pobres' que desemboca en prácticas xenófobas o más aporofóbicas", denunció Torres.